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| Dr. Miguel Ángel García Pérez. |
Como suele ocurrir, puede haber
múltiples razones, pero yo me voy a reducir aquí a dos. Por un
lado, estaría el interés personal de los profesionales que puedan
resultar afectados: despidos, cambios de situación contractual,
traslados y movilidades... Son razones más que suficientes y
justificadas desde el propio interés, en defensa de las condiciones
de trabajo, igual que otros defienden su propio interés en defensa
de su prestigio político o sus ingresos financieros; no hay, pues,
ningún motivo para el desprestigio por este lado. Algo totalmente
lícito y justo en cualquier conflicto de interés. Bien es verdad
que, si lo analizamos profundamente, es un interés que compartimos,
de un modo u otro todos, los profesionales, porque hoy se amenaza tan
sólo a seis centros hospitalarios y a varios centros de salud (en un
número aún por determinar), pero parece que hay un objetivo mucho
más amplio en la mente de algunos de nuestros políticos, que puede
llegar a afectar al conjunto del sistema sanitario.
Pero es que hay, además, un motivo de
otra índole, de hondo calado, que puede tener que ver con la propia
manera de ver el ejercicio de la Medicina por parte de los
profesionales. Es un motivo que surge también en otros contextos,
como se apunta con bastante lucidez en el debate en torno a la
extensión de la cobertura sanitaria en EEUU (Brett AS. Physicians
have the responsibility to meet health care needs of society. Journal
of Law, Medicine and Ethics 2012;40:526-31),
y que no hace sino apoyar la obligación deontológica de los médicos
de luchar por sistemas sanitarios que les permitan realizar su tarea
en las mejores condiciones posibles, y no inmersos en conflictos de
interés en los que, cada vez, haya más agentes implicados, y cada
vez más, más alejados de la realidad sanitaria. Y es que una
privatización como la propuesta en el proyecto González –
Lasquetty pone en riesgo seriamente la independencia de la atención
sanitaria, con la entrada de emporios sanitarios en la gestión de la
Sanidad pública.
La mayoría de los
médicos que hoy contribuimos al funcionamiento del sistema sanitario
público nos abrimos a la elección de esta profesión en un contexto
de un sistema público y gratuito, construido sobre el esfuerzo de
las generaciones que nos precedieron. En ese entorno, vimos en la
Medicina una forma de ser parte de una sociedad solidaria y servicial
en la que, también (¿cómo no?) ganarnos la vida y alcanzar un
nivel de bienestar suficiente para un adecuado desarrollo de nuestra
vida personal y familiar. Evidentemente, hay otros muchos motivos,
pero no se puede descartar éste tan profundamente inserto en
nuestras experiencias personales. Y es frente a esta realidad que
chirría, y mucho, que las decisiones de gestión sanitaria puedan
transferirse a entidades con otros (¡y qué distantes!) intereses
sociales.
Gestionar personas,
sobre todo en un sector de servicios personales como es el sanitario,
es algo mucho más complejo que gestionar cadenas de montaje, y no se
pueden aplicar los mismos criterios. Cuando el agente personal es
fundamental para la realización del servicio, no se pueden
despreciar sus motivaciones más profundas. Y eso es lo que está
haciendo, simple y llanamente, nuestro tan desprestigiado gobierno
autonómico. ¿Aún se sorprende de que nos opongamos a estas
medidas?
Dr. Miguel Ángel GarcíaPérez
Director Médico de la Revista Madrileña de Medicina
Coordinador de Formación de AMYTS
* Me permito
denominar al plan privatizador por el nombre de sus instigadores (el
presidente y el consejero de Sanidad) para promover el concepto de
responsabilidad política en nuestra sociedad, al ejemplo de lo que
se hace en otros países. Si la reforma tiene resultados positivos,
que contribuya a la loa de ambos personajes; de no ser así, que
contribuya a su vergüenza y desprestigio.