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| Dr. Julián Ezquerra. |
Madrid es gobernada legítimamente, no lo cuestiono, por un partido que obtuvo la mayoría absoluta en las pasadas elecciones. Esta mayoría ha convertido el gobierno de la Comunidad en una constante aplicación del concepto poco democrático de entender que la mayoría legitima para hacer lo que se quiera, sin tener en cuenta que las decisiones deben ser justas.
Los médicos somos profesionales de la Sanidad, ejercemos siempre bajo la obligación de hacer el bien y somos conscientes de que nuestra obligación como médicos es ejercitar el “primum non nocere”. Además ejercemos y defendemos la evidencia como base para la toma de nuestras decisiones. Cualquier acto que hacemos en el ejercicio de nuestra actividad se sustenta en estas tres patas: bien del paciente, evidencia y no hacer daño.
Durante el año 2013 las decisiones del gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la Sanidad han sido tomadas desde la más absoluta prepotencia, falta de conocimiento, ausencia del respaldo profesional, sin evidencias sobre su validez y con evidentes errores procedimentales. Nos ha obligado a recurrir ante la Justicia sus decisiones, a convertirnos en garantes no ya de la calidad en nuestro ejercicio, sino también en defensores de la legalidad. Presentamos varias reclamaciones ante los tribunales, unas vía contencioso administrativo, otras de carácter penal, ante tribunales ordinarios, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Tribunal Supremo, etc.
A nosotros, médicos, lo que nos gusta es ejercer la medicina, y hacerlo con tranquilidad, con dedicación, libres de presiones, en un entorno laboral y profesional que nos permita tomar decisiones basadas en nuestros conocimientos y experiencia, siempre en beneficio de los pacientes, utilizando las tecnologías de las que disponemos y sin sentir presión por carencias de personal, falta de tiempo, colapsos en urgencias, listas de espera que nos producen malestar, etc. En definitiva, un ejercicio de la medicina en las condiciones que nuestros pacientes se merecen.
Tener que dedicar gran parte de nuestro esfuerzo a pelear por el mantenimiento de un sistema sanitario público de calidad, no sometido a vaivenes políticos, que no tenga que hacer frente a decisiones absurdas de políticos que desconocen la sanidad, nos hace olvidar en parte lo que somos y a lo que nos queremos dedicar. Pero también es cierto que entre los primeros cometidos que tenemos está la prevención, y por desgracia vivimos tiempos en los que la mayor amenaza a la salud de nuestros pacientes no viene de grandes epidemias, el envejecimiento, etc. sino de decisiones políticas que carecen del más mínimo sentido de la oportunidad y que provocan grandes males a los ciudadanos que los sufren.
Por eso tiene sentido que desde las organizaciones profesionales levantemos la voz en defensa de nuestros profesionales y del sistema sanitario público. Nos han obligado a ejercer derechos que nos cuesta mucho utilizar. Los médicos somos poco dados a las huelgas por la trascendencia que tienen para los pacientes. Tampoco estamos habituados a ejercer el recurso a la justicia, pues no es ese nuestro terreno. Pero estos últimos años y de forma muy especial en el ya pasado año 2013, nos hemos visto obligados a reclamar judicialmente por cada uno de nuestros derechos, y lo hemos tenido que hacer por estar sometidos a una Administración que toma decisiones sin consultar, que quita derechos de forma unilateral, que cree que una mayoría absoluta es patente de corso para hacer y deshacer a su conveniencia. Afortunadamente, la JUSTICIA con mayúsculas, la que ejercen la mayoría de jueces y magistrados, acaba por dar o quitar razones, y en general lo hacen dándonos la razón a los profesionales que reclamamos.
El reciente auto del TSJM, que paraliza cautelarmente la privatización de 6 hospitales es la mejor expresión de lo que he dicho. Tenemos la razón, y por más que los políticos intenten imponernos lo injusto, al final los tribunales terminan por confirmar lo que al comienzo decía sobre Horacio: “La Justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”.
Julián Ezquerra Gadea,
secretario general de AMYTS