El consejero de Sanidad Javier
Fernádez-Lasquetty anunció el lunes 9 de diciembre que la Comunidad
de Madrid “va a dar algunos pasos” para reformar el marco de la
contratación de profesionales sanitarios por parte de la
Administración pública con el objetivo de que el sistema sea “más
incentivador” y permita “responsabilizar” a los que no estén
cumpliendo bien con su trabajo.
Además, el consejero de Sanidad se
mostró partidario de que los médicos dejen de ser funcionarios y
pasen a depender de las empresas privadas. Así lo dijo en una
conferencia organizada por la Universidad Pontificia de Comillas bajo
el nombre ‘Derecho a la Sanidad: ¿realidad o mito?’, aunque
Lasquetty no ha querido entrar en detalles sobre estos cambios
normativos, recoge la CADENA SER -y recogen EL BOLETÍN y KAOS EN LA
RED-. No obstante, sí que señaló que el modelo funcionarial, en el
que empleados públicos se aseguran un puesto de trabajo vitalicio a
través de oposiciones, “se ha vuelto contra los propios
trabajadores” de la Sanidad ya que a su entender “no tienen
incentivos para mejorar su desempeño más allá de la pura
motivación altruista”. Por ello el Gobierno regional tiene
previsto buscar una fórmula que permita gestionar mejor “y con más
flexibilidad” a los empleados de la Sanidad pública, que se mueven
en un sistema muy “rígido”. Su objetivo, dijo Lasquetty, es que
el modelo pase a ser “más incentivador, para reconocer el trabajo
bien hecho” o para “responsabilizar a aquellos que no estén
cumpliendo con arreglo a las necesidades”. El consejero madrileño
reconoció que esos cambios corresponden al ámbito de legislación
nacional, por lo que invitó a los facultativos a “liderar el
debate” al respecto, y tras ello alabó el sistema británico de
salud, en el que “los profesionales trabajan en un marco laboral
contractual” donde los que se encargan de la atención primaria no
son empleados del sistema, sino empleados autónomos vinculados a
través de un contrato de prestación de servicio”.
Unas
declaraciones que pronto tuvieron respuesta. En declaraciones a LA
SER, Julián
Ezquerra,
secretario general de la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS) recordó
a Lasquetty que “ser médico funcionario es una garantía
profesional para no estar atado por un interés empresarial”.
Por
su parte, Pablo
Martínez,
portavoz de AMYTS, en declaraciones a 20 Minutos, consideró que esta pretensión del consejero es un paso más en su
camino hacia la privatización del sistema sanitario: "El
consejero sabe muy bien que el proceso privatizador emprendido por
Madrid le está saliendo mal. La externalización hospitalaria ha
sido paralizada por la justicia y por eso ahora sale con esto.
Jurídicamente es muy difícil, si no imposible, reconvertir a
funcionarios públicos en contratados externos. Además, ese cambio
normativo solo podría llevarlo a cabo el Ministerio de Sanidad",
aseguró el portavoz.
El
Gobierno nacional
también se prepara contra el modelo funcionarial
En
el ámbito nacional, el Gobierno del Partido Popular también prepara
el terreno contra el modelo funcionarial, que correspondería al
régimen estatutario de los médicos -según informa ISANIDAD.ES.
Recuerda este informativo que actualmente un médico de la sanidad
pública que tiene su plaza fija solo puede perderla si comete una
falta disciplinaria muy grave como revelar un secreto de Estado,
incurrir en prácticas discriminatorias por razones de sexo, religión
o nacionalidad, abandonar el puesto de trabajo durante días o
semanas sin dar explicación alguna, aprovecharse de su cargo para
obtener una ventaja para sí o para otra persona o desobedecer
abiertamente las órdenes motivadas y ajustadas a la legalidad de un
superior. Sin embargo, un
informe encargado por el Ministerio de Hacienda para
analizar el Estatuto Básico del Empleado Público, tanto del Estado,
como de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, recomienda
que se estudie la posibilidad de fijar un procedimiento que permita
el despido de funcionarios de carrera por causas no estrictamente
disciplinarias y sí técnicas.
Con las conclusiones de este informe se
pretende desarrollar un procedimiento que regule el “cese de un
puesto de trabajo obtenido por concurso” en los casos en que exista
una evaluación negativa del desempeño del funcionario, de manera
que el despido ya no sea exclusivamente por cuestiones
disciplinarias, sino también por cumplimiento de los objetivos
establecidos para su puesto y de la positiva evaluación de sus
tareas.