Un auto del Juzgado
Contencioso Administrativo nº4 de Madrid, emitido el pasado
miércoles día 3 de septiembre, vuelve a paralizar cautelarmente el
proceso de privatización de seis hospitales en la región a
instancias de un recurso presentado por la Asociación de
Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
Según esta resolución,
a la que tuvo acceso EL MUNDO, la adjudicación a empresas de
servicios públicos "lleva implícita una considerable dosis de
irreversibilidad" que "se incrementa notablemente en
supuestos como éste, en los que, por la propia magnitud del
servicio, se precisa introducir por los agentes privados, en sus
legítimas aspiraciones empresariales, importantes modificaciones y
cambios estructurales durante la vigencia de la concesión (10 años
en este caso), que hace muy difícil, cuando no imposible, la
reversión al sistema público anterior". El auto destaca
también que "existen datos sobre países en los que la gestión
privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro" y
entiende que las estimaciones que ha hecho la Consejería de Sanidad
para justificarlo están "basadas en cálculos hipotéticos que
pueden no responder luego a la realidad". Además, "no se
entiende bien cómo los responsables de la Administración,
encargados de la gestión de este servicio esencial, asuman sin más
su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia", tal y
como se argumenta literalmente. Por ésta y otras razones, el
magistrado ponente, Carlos Gómez, ha decidido admitir "la
suspensión de los actos administrativos impugnados" y, por
tanto, paralizar el proceso de privatización sanitaria.
AMYTS se felicita por la
paralización y confía en el desenlace de su propio recurso
En un comunicado, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) se ha felicitado de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº
4 de Madrid, haya paralizado el proceso de privatización puesto en
marcha por el Gobierno de Ignacio González, y ha manifestado su
confianza y satisfacción por que prospere alguno o varios de
numerosos recursos presentados por otros organismos, entre ellos el
de AMYTS, pendiente en este momento del pronunciamiento del TSJM.
Lasquetty cuestiona la
competencia del juzgado nº4 y la atribuye al TSJM
Tras conocer el auto
judicial, el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty
manifestó en rueda de prensa haber recibido la decisión con
“absoluta sorpresa”; intentó desacreditar al juez Carlos Gómez,
a quien acusó de no emitir opiniones de tipo jurídico sino
político; y anunció que los servicios jurídicos de la Comunidad
trabajan en enviar un oficio al citado Juzgado para informar de que
el proceso ya está ejecutado, además de presentar un recurso al
TSJM de forma inmediata (dispone de 15 días hábiles para
presentarlo).
Tal y como se desprende de
los medios que asistieron a la rueda de prensa (SANIFAX, EL MUNDO, EL PAÍS), el consejero evitó contestar a la pregunta de si se para o
no el proceso argumentando que el auto del juez suspende las
resoluciones de la convocatoria del concurso que ya han sido
ejecutadas. Apunta EL PAÍS que “el fallo prácticamente hace
inviable la privatización este año según los partidos de la
oposición y de plataformas de profesionales del sector sanitario
como Afem y AMYTS”; y añade que frente a las explicaciones de
Lasquetty de que el proceso ya ha sido adjudicado” el diputado
regional del PSM José Manuel Freire ha destacado que los contratos
con las tres empresas concesionarias no están firmados.
El consejero de Sanidad
tampoco dudó en cuestionar la competencia del juez Carlos Gómez
para dictar una resolución de estas características, manifestando
su “sorpresa” ante la “incomprensible” circunstancia de que
no se hubiera inhibido para remitir la causa al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), un argumento respaldado por el presidente
de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo de
Lorenzo, en una entrevista concedida a SANIFAX.
Sobre esta cuestión, cabe
recordar que precisamente es el TSJM el que debe pronunciarse
respecto al recurso contencioso administrativo contra la
privatización de los seis hospitales y la petición de suspensión
cautelar presentados por AMYTS, después de que el pasado día 30 de
julio, el Juzgado nº32 de Madrid, que inicialmente lo había
admitido a trámite, se declarase no competente y decidiese elevar el
caso a una instancia superior. Tal y como señalaba ayer en un
comunicado, AMYTS, que ostenta la representación mayoritaria de los
médicos de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, confía en
que prospere alguno o varios de los pronunciamientos judiciales que
actualmente se encuentran pendientes de resolución en cualquiera de
las instancias en las que haya recaído.
Las adjudicatarias frenan
“en seco” su aterrizaje en los hospitales
Más respetuosas con el
auto fueron las empresas concesionarias de la gestión, dos de las
cuales reconocieron haber frenado en seco el proceso que habían
iniciado de toma de contacto en los respectivos hospitales asignados.
Consultadas por diarios como EL PAÍS o EL MUNDO, o emisoras como la
Cadena SER, entre otros, desde BUPA Sanitas (Hospital del Henares)
confirmaron haber paralizado la fase de toma de contacto y propuestas
“hasta que sepamos hacia dónde va a ir esto ahora”; Ribera Salud
afirmó haber cerrado las “oficinas de asesoramiento” con las que
ya contaba en los hospitales a su cargo (Infanta Leonor y Sureste) ,
aunque quiso añadir en un comunicado su “plena confianza en la
continuidad del proceso”. Hima San Pablo, al frente de los
hospitales Infanta Cristina, Sofía y el Tajo, no se ha pronunciado
en diarios como EL MUNDO o DIARIO MÉDICO; tan sólo afirmó a EL
PAÍS que “mantiene su interés por el mercado español”.
La Mesa Sectorial posterga
abordar los procesos de reordenación
Tras el anuncio de la
suspensión cautelar de la privatización sanitaria, la reunión de
la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid decidió postergar todos los
puntos del orden del día referentes a los procesos de reordenación
de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina,
Henares, Sureste y Tajo. El aplazamiento de estos procesos también
también supone un alivio para los médicos y demás profesionales
sanitarios de estos centros, ya que tal y como había denunciado
AMYTS, el plan de movilidad de los hospitales privatizados está
sometido a “una arbitrariedad sin precedentes”, motivo por el que
este sindicato médico ha decidido recurrirlo. ACTA SANITARIA se haceeco de este recurso en su edición del 4 de septiembre.
Los partidos de la
oposición exigen la retirada del Plan de privatización
El líder del PSM, Tomás
Gómez, afirmó ayer que ya nadie duda de que el proceso se va a
paralizar definitivamente. Los socialistas madrileños exigen a
Ignacio González que paralice definitivamente la privatización
sanitaria y saque de los hospitales de los madrileños a las empresas
privadas que se han establecido en ellos sin tener contrato.
El coordinador general de
IU-CM, Eddy Sánchez, afirmó que "o se paraliza el proceso de
privatización sanitaria" o el consejero del ramo, Javier
Fernández Lasquetty, "tendrá que abandonar su cargo".
"Hasta ahora el Gobierno ha hecho oídos sordos a diez meses de
concentraciones, manifestaciones y huelgas ... ahora no puede ignorar
una decisión judicial", indicó.
Por su parte, el portavoz
de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, tildó de "excusas
de mal pagador" los argumentos utilizados por el consejero
contra el auto judicial:"Debe cumplirse el auto, con
independencia del derecho del Gobierno regional a presentar un
recurso". A su juicio, Lasquetty "ya se ha enfrentado a
profesionales sanitarios, pacientes, partidos de la oposición y
ahora parecería que quiere hacerlo con los jueces".
Otro pronunciamiento del
Juzgado nº16 no acepta la paralización
El jueves 5 de aseptiembre, otro Juzgado, el
número 16 de los Contencioso Administrativo, denegaba la
paralización cautelar del actual proceso de privatización de los
seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid también
solicitada por Afem, con el objetivo de pedir una “corrección de
errores” tras el cambio introducido en el Boletín Oficial de la
Comunidad sólo cuatro días antes de que acabara el proceso de
presentación de propuestas, que reducía un 90% el aval que debían
presentar las empresas.
Lasquetty mezcla churras
con merinas
Cuando el jueves el Juzgado
número 16 de los Contencioso Administrativo negó la paralización
cautelar del actual proceso de privatización de los seis hospitales
públicos de la Comunidad de Madrid también solicitada por Afem en
uno de sus procesos abiertos, el consejero de Sanidad Javier
Fernández Lasquetty sacó pecho.
En rueda de prensa,
Lasquetty jugó a hacer un “tanteo” en el que se adjudicó tres
puntos a favor (las denegaciones de medidas cautelares por parte de
dos juzgados y el levantamiento de la suspensión decretada por el
TSJM) y uno en contra, en referencia al Juzgado número 4 que el
miércoles paralizaba cautelarmente el proceso de privatización de
los seis hospitales. El consejero pidió a los tribunales "que
se aclaren cuanto antes” y ante la aparente disparidad de criterio
judicial volvió a preguntar: "¿En qué quedamos, a quién
tenemos que hacer caso?". Da la sensación de que el
consejero no entiende que cada una de las causas judiciales abiertas
en distintas instancias y por diferentes organismos (sindicatos y
partidos políticos) responden a motivos diferentes, y
consecuentemente, no tiene por qué haber un único pronunciamiento,
ni éstos se tienen por qué producir en el mismo sentido. Según
explicaban el jueves 5 fuentes de Afem al diario EL MUNDO: “En realidad
cada uno de los cuatro procesos abiertos es por una vertiente
distinta de la privatización. Nosotros hemos pedido la paralización
del proceso en todos. Que te lo denieguen en un proceso y te lo
admitan en otro no tiene que ver. Son procesos diferentes, con
fundamentos distintos”. En el Juzgado nº 16, que ha denegado las
medidas cautelares, se pedía una “corrección de errores” tras
el cambio introducido en el Boletín Oficial de la Comunidad sólo
cuatro días antes de que acabara el proceso de presentación de
propuestas, que reducía un 90% el aval que debían presentar las
empresas. Nada que ver con la denuncia presentada en el Juzgado nº
4, que sí ha decretado la suspensión cautelar de tres resoluciones
sobre el concurso, para proteger los derechos fundamentales en un
fallo que cuestiona el ahorro esgrimido por Sanidad para privatizar.