La
pasada semana tuvimos noticia de la decisión del Consejo
General de Política Universitaria, del Ministerio de Educación, de
reducir un escaso 1,5% el número de plazas ofertadas para el acceso
a los estudios de Medicina, que pasa de las 6.941 del curso que acaba
de terminar a 6832 en el próximo curso. La decisión, positiva en lo
que se refiere a la inversión de la tendencia previa, exigida por la
realidad a que nos enfrentamos en el contexto actual de crisis
económica, que tendrá sus consecuencias en la reducción del
crecimiento futuro de nuestro sistema sanitario, no deja de ser
tímida, pues es necesario un mayor recorte para adaptarnos realmente
a la nueva situación, e inadecuada, pues se basa tan sólo en una
parte del sector educativo universitario: las facultades de las
Universidades públicas que así lo han solicitado. Detallemos un
poco más el análisis.
1.
Una reducción insuficiente
La crisis ha
hecho que las expectativas previas, que se basaban en proyecciones de
crecimiento poblacional y económico positivas, hayan desaparecido, y
que nos encontremos ante un nuevo horizonte sanitario para el futuro,
desde el que hay que revisar las medidas adoptadas previamente. Si
bien se planteó un objetivo anual de formación de médicos de en
torno a 7.000, el frenazo poblacional y, sobre todo, económico, y el
consiguiente parón que sufre el sistema sanitario, del que es
probable que no salga con la misma capacidad de expansión que mostró
en los años anteriores, han hecho que desde hace dos años se venga
reivindicando un nuevo ajuste, esta vez a la baja, de citadonumerus
clausus, para alcanzar una
producción anual de en torno a los 5.500 nuevos médicos.
La primera
gráfica (realizada ya en el año 2010 a partir de la demografía
colegial y diferentes horizontes de incorporación de médicos)
explica el por qué de la elección de esa cifra. Dado el tiempo
necesario para que cualquier intervención sobre el acceso a la
formación médica tenga efecto (unos 12 años), cualquier
modificación que se introduzca ahora no cambiará las expectativas
en la primera década, que tiene un perfil claramente creciente
debido al esperado crecimiento poblacional, negativo o nulo. Pero
para la segunda década sí que pueden verse las consecuencias de las
decisiones que comencemos a tomar: mientras que una reducción
inicial a 6.500 - 6.000 plazas tendería a la estabilidad de la ratio
poblacional de médicos en niveles similares a los actuales,
absorbiendo las numerosas jubilaciones que se van a producir hasta
ese momento, a medio plazo habría que tender, de no cambiar las
circunstancias, a unnumerus
clausus de entre 5.500 y
6.000 plazas, con un patrón similar para la formación de
especialistas.
Alguien
podría estar pensando: "Entonces, hubiera sido mucho mejor no
haber hecho nada, y haber dejado las cosas como estaban, con un
numerus clausus de en torno a 4.000". Sin embargo, no se puede
sostener razonablemente esa posición: en primer lugar, ¿cómo se
podría mantener una formación MIR de entre 6.000 y 7.000 plazas
anuales sin tender a incrementar al mismo nivel el número de médicos
formados en España? Sería un absurdo planificador total. Pero,
además, eso nos hubiera conducido a no evitar el desplome de la
cifra de médicos, consecuencia de las numerosas jubilaciones que se
prevén en un futuro próximo. La siguiente gráfica no muestra ese
desplome, y cómo ni siquiera introduciendo ahora una fuerte
elevación del numerus clausus, se compensaría ese desplome:
Es decir, que
seguir igual nos hubiera colocado en mala posición para afrontar los
futuros retos demográficos y sanitarios que se nos presentan. Lo
importante es que, habiéndose introducido modificaciones, tenemos
que vigilar la adecuación de las mismas, y ha llegado el momento de
reducir, con decisión, el acceso a la formación médica. ¿De
cualquier forma?
2.
Una reducción inadecuada
Llama la
atención la forma en que dicha reducción se ha realizado. A
diferencia de lo que parecía apuntarse desde el Ministerio de
Sanidad, la reducción ha consistido, al parecer, en la mera
aceptación del deseo de algunas facultades de reducir su número de
alumnos. Da la casualidad de que todas esas facultades pertenecen a
universidades públicas que, en lo que parece un ejercicio de
responsabilidad para con su propia labor docente y para con el
panorama sanitario nacional, han visto la necesidad de comenzar esa
senda de reducción. Y ni siquiera todas han podido conseguirlo: el
gobierno del Principado de Asturias impidió que así pudiera hacerlo
la facultad de Oviedo.
El caso es
que si la reducción del numerus clausus va a recaer tan sólo sobre
las plazas ofertadas por las universidades públicas, se va a
cumplir lo
que el Foro de la Profesión Médica, en su fase fundacional,
pretendía evitar con su denuncia a la multiplicación de facultades
ya en 2008: que se invirtiera la ratio entre universidades
públicas y privadas en cuanto a la formación médica, introduciendo
un importante factor de inequidad en el acceso a dicha formación.
Por lo que parece, este camino queda francamente abierto, porque no
parece probable que las facultades privadas vayan a limitar su
oportunidad de negocio voluntariamente. Y tampoco parece que el
complejo entramado gubernativo que concierne a este tema (dos
ministerios y 17 comunidades autónomas) vaya a obligarles a ello.
3.
Conclusión
Parece que,
siendo sensibles a la necesidad de reducir la producción de médicos,
no existe aún un claro proyecto de planificación para el futuro de
la profesión médica en su vertiente cuantitativa. El paso dado,
tímido e inadecuado como ya ha quedado señalado, ha provenido de la
decisión de algunas facultades de Medicina. Queda aún mucho por
caminar para conseguir que exista una clara conciencia de la
necesidad de planificar, y de hacerlo bien, el acceso a la formación
médica.
Miguel
Ángel García Pérez
AMYTS,
Área de Formación y Estudios Profesionales