Consejo Interterritorial del 18-12 |
Los
profesionales de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de Cupo
Zona, unos 12.000 en toda España y que según el RD 16/2012
perderían su condición de funcionarios a partir del próximo 31 de
diciembre, podrán continuar en su situación actual hasta la edad de
jubilación si las comunidades autónomas siguen las recomendaciones
que el 18 de diciembre aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (CINSNS).
En
concreto, el consenso establecido entre el Ministerio y los
consejeros de los servicios autonómicos de Salud consiste en
extender a todo el Estado el acuerdo al que llego el pasado mes de
julio el Ejecutivo central con el País Vasco, en virtud del cual se
reinterpreta el artículo 10.4 del citado real decreto y se garantiza
que los médicos APD podrán continuar siendo funcionarios el próximo
1 de enero.
En
cuanto a los profesionales de Cupo y Zona se ha acordado recomendar a
todas las CCAA que se respeten sus derechos consolidados y se proceda
a la flexibilidad en la aplicación de la norma según lo pactado en
con el Foro de la Profesión Médica el 31 de julio de 1013.
CESM
y el Foro de la Profesión Médica plantean sus dudas
Tanto
DIARIO
MÉDICO
(DM) como REDACCIÓN
MÉDICA
(RM) han hablado con el secretario general de CESM y portavoz del
Foro de la Profesión Médica, Francisco Miralles, quien ha
manifestado su “insatisfacción” con el compromiso alcanzado en
el Interterritorial sobre la estatutarización de los médicos de
cupo y zona y los de asistencia domiciliaria. Según señala en RM:
"Nuestra exigencia, clara e irrenunciable, era que todos los
afectados pudieran continuar con su régimen actual hasta que se
jubilasen, y que ese compromiso, planteado por el Ministerio, fuera
de aplicación en todas las autonomías. Lo que ha salido del
Interterritorial es un mero ejercicio de buena voluntad que coincide
con el texto del pacto que firmamos en julio, pero desarrollar ese
pacto exigía un compromiso homogéneo que Sanidad tenía que
liderar, y que ha eludido". Para Miralles, las comunidades
autónomas “también son parte damnificada en este asunto, porque
antes del 31 de diciembre de este año deben consensuar sus
resoluciones en las Mesas sectoriales de Sanidad y publicarlas en los
boletines oficiales, a fin de dar una solución antes del plazo que
estipula la disposición adicional decimosexta del Real Decreto
16/2012” -añade DM.
Miralles
no quiere hablar aún de consecuencias, pero afirma que "el Foro
tendrá que valorar lo acordado y decidir qué hace". Como
secretario general de CESM, sí tiene muy clara la postura del
sindicato: "El acuerdo de julio contenía proyectos de mucha
enjundia, desde la gestión clínica hasta las políticas de
personal, y si todos se van a saldar en el Interterritorial con un
compromiso tan vago, CESM se replanteará su presencia en ese
acuerdo" -concluye RM.
Por
su parte, el presidente de CESM, Albert Tomás, ha manifestado a DM
su convencimiento de que, a efectos prácticos, esa “flexibilidad”
en la aplicación del RD 16/2012, se traducirá en una inaplicación
del mismo “porque su desarrollo no le viene bien a nadie: ni a los
médicos , ni a las autonomías, que tendrían un importante coste
añadido”.