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| Güemes y Lamela. |
Juan
José Güemes y Manuel Lamela, ex consejeros de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, ya están oficialmente imputados por presuntos
delitos de cohecho y prevaricación, según se ha hecho público por
diversos medios de comunicación como el diario EL
MUNDO o la CADENA
SER. El magistrado del juzgado número 4 de Instrucción de Madrid,
Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación que pesaba sobre la
cúpula sanitaria madrileña, por su gestión en la primera época de
la privatización sanitaria relativa al Infanta Elena (en Valdemoro),
el Rey Juan Carlos (en Móstoles); y el Hospital de Torrejón de
Ardoz.
Así consta en un auto, con fecha del 29 de
octubre, con el que el magistrado resuelve diversos recursos de
reforma interpuestos por los querellados por el sindicato Afem contra
el auto en el que les citaba a declarar acompañados de un abogado,
desestimándolos. (...)
Aunque
en ese auto se podía sobreentender de qué delitos tendría que ser
investigado cada imputado, ahora el juez lo concreta, quedando, a
grandes rasgos, de la siguiente forma: Manuel Lamela y Juan José
Güemes, ex consejeros de Sanidad, imputados por prevaricación y
cohecho; la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el
consejero Lasquetty, contra el que no va la querella), imputada por
malversación de caudales públicos; y las empresas que gestionan
privadamente la sanidad pública, imputadas también por cohecho,
como parte necesaria para que los consejeros lo hubieran cometido por
su parte. (...)
Lamela
fue consejero entre 2003 y 2007. Güemes le sustituyó en el cargo, y
ostentó esa responsabilidad de junio de 2007 a marzo de 2010. Los
querellados, además de Güemes y Lamela, son también, de entre los
responsables políticos, Antonio Burgüeño, actual director general
de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. También
se concreta las imputación de malversación de caudales públicos
contra ellos.(...)
Aún
así, hay un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a
trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia
Provincial de Madrid. Si este órgano revocara la decisión de
Sexmero, podría eliminar la única acción penal contra los procesos
de privatización que el Gobierno regional, del PP, lleva
implementando en Madrid en los últimos años. La decisión de la
Audiencia podría tardar aún varios meses en llegar: «Tendríamos
suerte si la Audiencia resolviera antes de fin de año», aseguró a
EL MUNDO uno de los abogados personados en el proceso.
Sexmero,
en todo caso, ya ha tomado su decisión, y ésta afecta también a
las empresas presuntamente favorecidas por los cargos públicos en el
ejercicio de sus actos. En concreto son Capio, Ribera Salud, Unilabs,
Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE. A todas ellas se les imputa
un delito de cohecho, del que habrían participado al favorecerse,
como supuestas corruptoras, de la actividad de los cargos públicos.
* ACCESO AL AUTO DE IMPUTACIÓN DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE MADRID, pinchando AQUÍ.