Continúan
produciéndose nuevas iniciativas procedentes de organismos de
distinto ámbito contra la privatización de la sanidad puesta en
marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Igualmente empiezan a dar resultado denuncias, impugnaciones y querellas anteriores.
En la semana del 17 al 23 de junio hemos asistido a la presentación de un nuevo contencioso contra los pliegos presentado en esta ocasión por el Sindicato de Enfermería SATSE, una denuncia ante la Comisión Europea del Partido Socialista de Madrid (PSM), un recurso de alzada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y la imputación del director general de Hospitales y los dos consejeros de Sanidad anteriores tras la querella presentada por AFEM.
SATSE
Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo contra el
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que establece las
condiciones para llevar a cabo la externalización de la gestión de
6 hospitales de la Comunidad de Madrid. Recuerdan
varios medios como EUROPA
PRESS, EL
PAÍS, EL
ECONOMISTA o EL
BOLETÍN, entre
otros, que el recurso de SATSE se suma así a las impugnaciones de
ambos sindicatos de médicos, AMYTS
y AFEM, y al que interpuso la semana pasada el Partido Socialista
madrileño (PSM), todos ellos por la vía contencioso-administrativa,
y que buscan la suspensión cautelar del proceso de licitación.
El
secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, por otra parte, advirtió a
las empresas que quieren licitar a los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid que se lo piensen dos veces porque será un mal
negocio y anunció que los socialistas, que están acudiendo a todos
los ámbitos judiciales para paralizar la privatización, llevarán
este mes de junio la denuncia a la Comisión Europea.
Unión Progreso y Democracia (UPyD) registró en la Consejería de Sanidad un recurso de alzadacontra la resolución de la
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, que hacía pública la
convocatoria para la licitación del contrato de gestión por
concesión del servicio público de la atención sanitaria
especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta
Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y
del Tajo. Luis de Velasco
ha comentado al respecto: "Pedimos que se retiren los pliegos
del concurso, porque consideramos que no
se ha demostrado el ahorro derivado de la privatización, ha habido
correcciones de errores muy significativos tras su publicación y
además, más que un concurso de empresas es un reparto previamente
establecido”. El
jueves este mismo partido político presentó
un escrito ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)para poner en su conocimiento la licitación del contrato de “Gestión
por concesión del servicio público de la atención sanitaria
especializada”. Sólo ha
habido una oferta para cada uno de los cinco lotes de hospitales.
El diputado y portavoz de
UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco,
explicó
en el Pleno que
“resulta difícil de creer que el mero azar lleve a que una empresa
sanitaria, que puede optar a un máximo de dos lotes de un total de
cinco, no coincida con otra en optar a un mismo lote. Hay un 98% de
probabilidades, según un cálculo matemático, de que exista un
acuerdo previo entre los participantes para repartirse los
hospitales; y sólo un 1% de que ocurra por azar”.
Finalmente, el viernes 21se supo que el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, Había admitido a trámite una querella presentada por laAsociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra
nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel
Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades
cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria
externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de
Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles;
y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
La
querella también se dirige contra la actual viceconsejera de
Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de
Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio
Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan
Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de
Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad;
el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de
Asisa.
En
el auto el magistrado
acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de
mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria
del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública,
falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación
de causales públicos. La acusación popular la representan varios
diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de
Madrid.