CON FIRMA. "Una gran noticia", por Javier López de la Morena

Dr. Javier López de la Morena.

Dichoso lunes 27 de enero que nos trajo la resolución del TSJM manteniendo la suspensión cautelar del proceso de “externalización” que había puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que ha provocado su retirada y la dimisión del consejero de Sanidad. Afortunado lunes que nos ha permitido ver cómo, a pesar de las presiones ejercidas por el poder político, los jueces han sabido mantener su independencia y nos han dado razones para la confianza.
La propuesta presentada por el PP madrileño de privatizar 6 hospitales públicos, construidos por el gobierno de Dña. Esperanza Aguirre para convencer a los ciudadanos de las bondades de su gestión, y con el insaciable objetivo de conseguir votos, se fue convirtiendo en una pesada carga, insoportable para las arcas autonómicas ante la llegada de la crisis económica. Fueron advertidos por las distintas organizaciones profesionales sanitarias del enorme gasto que supondría la puesta en marcha de unos centros que se antojaban innecesarios y extremadamente caros. Con la construcción de estos centros, las autoridades políticas consiguieron su objetivo prioritario: la mayoría absoluta en la Asamblea de la CM. Una vez en el poder, su vocación de servicio desaparece y cometen la mayor tropelía política contra el SNS de todos los tiempos.

Con una arrogancia sin precedentes, una falta absoluta de estudios económicos y una llamativa ausencia de planificación, el gobierno madrileño emite una resolución el 30 de Abril de 2013, publicada en el BOCM de 7 de Mayo de 2013, donde se hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado “Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada…”, que afectaba a los 6 hospitales públicos que con tanta alharaca inauguró Dña. Esperanza. Dicha resolución fue seguida de otras dos, una sobre aspectos relativos a recursos humanos y otra que modifica las garantías a que fueron sometidas las empresas licitadoras.

La puesta en marcha de este proceso ha mostrado la cara más amarga de la relación entre la administración pública y los administrados. La Administración madrileña ha hecho suyo el lema del despotismo ilustrado: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. En este caso con descalificaciones contra todos aquellos que mostraron su rotunda oposición, acarreando un torrente de descalificaciones hacia el sector público cuyo único responsable ha sido el PP madrileño durante largos años, mostrando una incapacidad absoluta para su reforma. La decisión unilateral de vender la Sanidad Madrileña al sector empresarial privado, como la panacea universal que salvaría nuestra prestigiada Atención Sanitaria, tenía enormes perspectivas de negocio y parecía un lugar dorado para la jubilación de algunos responsables políticos.

Gracias a la movilización de todos los sectores sanitarios (asociaciones, sindicatos y ciudadanos), unidos en la “MAREA BLANCA”, se ha mantenido viva la esperanza de conservar el SNS que, aunque necesitado de reformas, ha preservado una alta calidad en el desarrollo de la Medicina española. Nunca se había producido con tanta unanimidad el apoyo de todos los estamentos sanitarios y de una gran parte de la opinión pública, que se han sentido estafados por unos gobernantes que prefieren mantener sus prebendas a gobernar con y para los ciudadanos.

Ante la sordera de la Administración, a las diversas organizaciones profesionales sanitarias no les quedó otra alternativa que recurrir a los tribunales de justicia solicitando, con brillantes asesorías jurídicas, la suspensión cautelar de la privatización de 6 hospitales de la red pública, tratando de evitar el daño irreversible que podría producirse.

Lo más llamativo y ejemplar de todas estas movilizaciones ha sido la unidad de todas las tendencias profesionales y ciudadanas, en particular la unión de los médicos y titulados superiores de todos los sectores de la Medicina madrileña, enormemente positiva y afortunadamente exitosa.

Hemos de congratularnos de que se haya suspendido el proceso privatizador, pero no podemos confundirnos, los responsables políticos dan marcha atrás por la cercanía de sus elecciones; no rectifican un ápice, mantienen su ansia de negocio y la preservación de sus privilegios. Esto no ha terminado, debemos persistir en la certeza de que el SNS debe continuar siendo público, aunque requiera reformas importantes que lo hagan más eficiente. Se puede y se debe hacer desde el propio sector público, para eso nos hemos dotado de instituciones democráticas que garantizan (o deberían garantizar) una gestión pública al margen de avatares políticos.

Este maravilloso triunfo colectivo nos marca el futuro, hace que entendamos que sin la concurrencia de todos no sería posible reformar nada. Hemos demostrado que la ciudadanía tiene voz y recursos, es un aviso serio a las clases políticas de todo signo: no se debe gobernar de espaldas al ciudadano y sobre todo, no se debe destruir ni menospreciar lo que verdaderamente funciona en nuestro país, como es el caso de la SANIDAD PUBLICA.

Fco. Javier López de la Morena,

coordinador general de FEMYTS.