El Estado español dispone de dos meses para corregir el problema, en caso contrario Bruselas puede llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo (TSJE). El Ejecutivo comunitario sostiene que la legislación española no garantiza a los médicos forenses "varios derechos esenciales" recogidos en la directiva, entre ellos el límite de 48 horas de duración media del trabajo semanal en un período de referencia de cuatro meses y el descanso mínimo después de trabajar horas extraordinarias. La Comisión recibió una queja sobre esta situación y en septiembre de 2012 envió una carta de emplazamiento a España en la que le expresaba su preocupación, sin que hasta ahora haya dado resultados.
En Italia, ya han superado insatisfactoriamente desde el punto de vista de la Comisión Europea (CE) un Dictamen Motivado en que les conminaba a respetar la jornada máxima de 48 horas para los médicos y será denunciada ante el TSJE. La CE señala que varios derechos fundamentales contenidos en la Directiva sobre el tiempo de trabajo, como el límite de 48 horas en un promedio de tiempo de trabajo semanal y los períodos de descanso diario mínimo de 11 horas consecutivas, no se aplican a todos los médicos que operan en el Sistema Nacional de Salud. Después de recibir varias denuncias, la Comisión solicitó a Italia, en mayo de 2013, que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional cumpliera con la Directiva.
En Italia, ya han superado insatisfactoriamente desde el punto de vista de la Comisión Europea (CE) un Dictamen Motivado en que les conminaba a respetar la jornada máxima de 48 horas para los médicos y será denunciada ante el TSJE. La CE señala que varios derechos fundamentales contenidos en la Directiva sobre el tiempo de trabajo, como el límite de 48 horas en un promedio de tiempo de trabajo semanal y los períodos de descanso diario mínimo de 11 horas consecutivas, no se aplican a todos los médicos que operan en el Sistema Nacional de Salud. Después de recibir varias denuncias, la Comisión solicitó a Italia, en mayo de 2013, que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional cumpliera con la Directiva.