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| Dra. Ana Giménez Vázquez. |
La pregunta
que surge de forma inmediata es, lógicamente, ¿pero quién
desestabiliza el marco sanitario?
En este
caso, la empresa sanitaria Ribera Salud lo que quiere es seguridad
“legal” dada la situación actual de paralización del proceso de
privatización debida a todas las demandas legales surgidas en
relación a múltiples irregularidades detectadas en el proceso de
privatización, oficialmente denominado “externalización”:
cambios en las condiciones de la licitación que no se acompañan de
una ampliación del plazo; presentación por parte de alguna de las
empresas de falsos números de CIF, posible falta de competencia
real....De momento y en respuesta a la concesión de la paralización
a los demandantes, el proceso se encuentra parado, pero la reciente
actuación del presidente de la sala del TSJM nos hace temer un
levantamiento de dicha suspensión.
Y, ¿quienes
son por tanto los responsables de la situación actual? ¿los
demandantes o los demandados?
Nosotros
pensamos -como no podía ser de otra forma-, que son los demandados,
porque están promoviendo una gran reforma sanitaria para la
Comunidad de Madrid, sin consenso previo, sin respaldo profesional,
sin argumentos... Y desde luego, los demandantes no son los
responsables de las enormes irregularidades formales que finalmente
han desembocado en la paralización cautelar del proceso.
Además la
experiencia mundial en relación a los intentos de modificación de
los sistemas sanitarios dice que cualquier proceso de cambio de un
sistema que no tenga en cuenta toda su historia, está condenado al
fracaso. Por lo tanto parece que al final va a ser inevitable no
cambiar.
Cualquier
reforma necesita para que sea posible su puesta en marcha, la
concurrencia de varios factores, y son imprescindibles el TIEMPO, la
EVALUACIÓN y si se quiere convencer, también la COMPARACIÓN. Pero
en España, y citando a Manuel Peiró, no damos tiempo, nunca se
evalúa y cuando el tiempo quita la razón a los promotores de los
cambios, nunca pasa nada.
Si es
necesario introducir cambios para conseguir aumentar la eficiencia y
garantizar la sostenibilidad del sistema, habrá que hacerlo, pero no
se puede soslayar la fase previa imprescindible de presentación de
evidencias, ser capaz de argumentarlas y persuadir a los responsables
de su ejecución de las bondades del cambio. Y de momento nada de eso
se cumple: el modelo de concesiones administrativas propuesto para la
comunidad de Madrid basado únicamente -en teoría- en criterios
economicistas y de sostenibilidad no sólo no ha demostrado ser más
barato, sino lo contrario (en Valencia ya han sufrido dos rescates),
y en el Reino Unido además se ha evidenciado que ha generado peores
resultados en salud e inclusos un aumento de la mortalidad de la
población atendida por ese modelo.
Los
profesionales sanitarios madrileños, responsables últimos de la
asistencia sanitaria, han soportado durante décadas los salarios más
bajos de Europa permitiendo con ello la sostenibilidad del sistema,
y merecen como mínimo que se les aporten datos objetivos que
justifiquen la nueva vuelta de tuerca que se les quiere imponer en
sus condiciones laborales. Pero esos datos no existen.
Ana Giménez Vázquez
Presidenta del Sector de Atención Primaria de AMYTS