La Consejería de Sanidad dice confiar en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la suspensión cautelar del proceso el 11 de septiembre, haya resuelto para entonces los 9 recursos pendientes presentados por médicos, sindicatos y partidos políticos. Las empresas, confirman las mismas fuentes, no podrían operar en los hospitales a pleno rendimiento hasta mediados de año, prácticamente. Sanidad cuenta con que Francisco Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, convoque cuanto antes al pleno del órgano para decidir sobre las privatizaciones. El PSOE ya ha anunciado que recusará al magistrado por su vinculación con el PP, aunque eso no detendrá el examen de los recursos.
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MINUTOS responde brevemente 25 preguntas que explican el estado del
proceso, recordando que han recurrido contra las privatizaciones la
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), la
Asociación
de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(Amyts),
el sindicato de enfermería Satse, el sindicato CSIT, CC OO, el PSOE,
UPyD, el Ayuntamiento de Parla, Equo e incluso particulares,
convencidos de que la privatización se trata de una decisión
ideológica del ejecutivo del PP que no comportará ahorro económico
y empeorará tanto el servicio sanitario como las condiciones
laborales de los profesionales del sector.
Afem
recurre el acuerdo que agrupa los recursos en una sola sala del TSJM
Por
otra parte, Afem ha presentado un recurso de reposición contra el
acuerdo del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Gerardo
Martínez, de agrupar en una misma sala todos los recursos sobre el
proceso de externalización de seis hospitales de la región. En
un comunicado -del que se hace eco
MÉDICOS
Y PACIENTES
-,
el colectivo explica que ha actuado este sentido al considerar que
esta medida es "excepcional" y que lo habitual en los casos
de diferentes recursos abordados en distintas secciones es, según la
jurisdicción contencioso-administrativa, la acumulación de todos
juntos o la tramitación del primero dejando en suspenso todos los
demás hasta dictar sentencia. Afem indica que si bien el artículo
197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconoce al
presidente de la Sala un margen de discrecionalidad en su actuación,
entiende con su recurso que esta decisión, "que además tiene
carácter de excepción", no debe adoptarse sin "la
motivación necesaria, mínima e imprescindible prevista en el
ordenamiento jurídico", algo que no encuentra en el acuerdo
adoptado el 16 de este mes.
UPyD
ve demasiadas "casualidades" en el proceso
El
diputado de UPyD y portavoz en la Comisión de Sanidad, Enrique
Normand, preguntó al director general de Gestión Económica y de
Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Consejería de
Sanidad, Jesús Vidart, cómo justifica el Gobierno de la Comunidad
de Madrid que la Resolución de la Viceconsejera de Asistencia
Sanitaria del 19 de agosto adjudique durante 10 años la gestión
sanitaria de los Hospitales Infanta Cristina (Parla), del Tajo
(Aranjuez) e Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) a empresas
cuyo nombre no consta en el Registro Mercantil y cuyos CIF se
corresponden a las empresas que gestionan los servicios no sanitarios
de dichos hospitales. Según recogen varios portales interactivos
como PORTAL
LOCAL,
Enrique Normand preguntó al director general "si es habitual
que en una resolución de adjudicación sea incorrecto el nombre de
la empresa adjudicataria, si es casualidad que se eligieran estos 6
hospitales para privatizarlos a pesar de que llevan poco años en
funcionamiento y probablemente estén entre los más eficientes del
SERMAS o porque es fácil privatizar su gestión". Normand
añadió que "en el proceso de privatización de hospitales está
habiendo demasiadas irregularidades, demasiadas chapuzas, demasiadas
casualidades. ¿También es casualidad que se redujera la garantía
que tuvieron que aportar las empresas que concursaban días antes de
que terminase el plazo para presentar ofertas? ¿Y que cada empresa
concursante se haya presentado justamente al hospital o a los
hospitales que se ha quedado finalmente sin ningún tipo de
competencia? El diputado de UPyD ha recordado que "el importe
conjunto de los 2 lotes adjudicados por la Resolución errónea
asciende a 145 millones de euros anuales, y son contratos por 10
años. ¿Hay algo más importante en una resolución de adjudicación
que los datos de la empresa a los que se adjudica el concurso?¿Es
casualidad lo que está pasando en el TSJM?".
Como
se recordará, AMYTS
mantiene recurrida -desde el pasado día 28 de junio- la licitación
para privatizar seis hospitales de la Comunidad de Madrid,
precisamente por entender que hay causas en los pliegos de cláusulas
administrativas que presentan importantes vulneraciones del
ordenamiento jurídico, recurso que fue admitido a trámite por la
sección tercera del TSJM el día 16 de septiembre. Además, el día
20 de septiembre presentó un nuevo recurso contra la adjudicación a
las tres empresas realizada los días 6, 9 y 19 de agosto, pidiendo
unas nuevas cautelarísimas por si el TSJM decidiera levantar la
actual suspensión del proceso de privatización.