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| Javier Fernández Lasquetty se quedó boquiabierto. |
AMYTS tiene también solicitadas “medidas cautelarísimas” de suspensión cautelar inmediata, en el Contencioso Administrativo que presentó contra la privatización a través del despacho Clifford Chance, que igualmente pueden ser declaradas en los próximos días.
La demanda de los
socialistas se basa en la fianza que debían presentar las empresas
adjudicatarias por si se incumplían las condiciones del contrato,
fijada inicialmente a un 5% del importe de la adjudicación, tal y
como establece la Ley de Contratos del Servicio Público de
aplicación estatal, y que fue modificada a última hora por e
Gobierno regional para favorecer, presuntamente, a las empresas. A
tan sólo cuatro días para la finalización del plazo de
presentación de las ofertas, la Comunidad introdujo la palabra
“anual” en el texto, lo que en la práctica, y según la denuncia
del PSM, suponía una reducción del 90% del aval inicial, ya que el
contrato de concesión es por 10 años. Traducida en euros, la
modificación supone una rebaja de 233 a 23 millones.
La
Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJM estima
que, “cuanto menos indiciariamente”, con esta revisión a la baja
se “podría haber limitado el principio de libre concurrencia
competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el
importe de la garantía definitiva según la convocatoria,
posteriormente rebajado por vía de corrección de errores”. En su
auto, argumenta que “concurren circunstancias de especial urgencia
en orden a resolver la medida cautelar inaudita parte (sin escuchar a
la otra parte) sobre las alegaciones y datos ofrecidos por la parte
recurrente”. Además considera que “era más que probable que la
adjudicación de los contratos se efectuara antes de la resolución
judicial”.
Próximos
plazos en el procedimiento
La
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuenta con un plazo
de tres días para presentar alegaciones al auto que ha decretado la
paralización del proceso. Tras estudiarlas, el TSJM decidirá, en un
plazo de entre una y dos semanas, si se levanta o no la suspensión. Si no da
marcha atrás y ratifica esa congelación preventiva, la suspensión
se convertiría en definitiva, a la espera de la sentencia que
dictaminará si la privatización cumple o no con la ley, un proceso
judicial que según fuentes judiciales consultadas,
puede tardar hasta dos años en resolverse.
Satisfacción,
confianza y espera en AMYTS y demás sindicatos
Numerosos
medios de comunicación informaron de
que los sindicatos del sector de la sanidad han celebrado que el TSJ
de Madrid haya suspendido cautelarmente el proceso de externalización
y se muestran "esperanzados" ante la posibilidad de que se
pueda revertir los planes de la Consejería por medio de sus recursos
ante la Justicia.
En declaraciones a Europa Press reproducidas por numerosos medios, el secretario general del sindicato
médico, Julián Ezquerra, valoró positivamente la decisión del
TSJM sobre el recurso del PSM. Por otro lado, manifestó su confianza
en que la Justicia plasme de forma definitiva la "paralización"
del proceso de externalización de seis hospitales y confía en que
"las cosas vuelvan a su cauce", en referencia a que se
mantenga la gestión directa de los centros.
Optimismo
en la “marea blanca”
La
decisión del Tribunal también ha generado en las redes sociales una
ola de reacciones cargadas de ánimo y optimismo entre los
profesionales y usuarios de la sanidad pública madrileña que
protagonizan, desde que se puso en marcha el proceso de privatización
de la sanidad madrileña, la ya conocida como “marea blanca”, en
la que AMYTS está inmersa.
La
Consejería de Sanidad y el Gobierno regional, inamovibles
El
pasado miércoles, a las pocas horas de haberse conocido la decisión
del Tribunal Superior de Justicia Madrid, el consejero de Sanidad,
Javier Fernández Lasquetty, compareció ante los medios de
comunicación para manifestar su convencimiento de que el tribunal
será favorable a los argumentos que defiende la Comunidad: “Había
un error en el valor de la fianza y lo corregimos, eso es todo”.
Según adelantó el consejero de Sanidad, dirá al TSJM que el
concurso se ha hecho “con máxima publicidad, transparencia y total
respeto a la legalidad”.
En
el mismo sentido se pronuncio el presidente regional, Ignacio González, que aseguró que va a
seguir adelante con el proceso de privatización de los seis
hospitales.
Las
empresas, entre la incertidumbre y la expectación
Fuentes de la firma valenciana Ribera Salud
(adjudicataria de los hospitales Infanta Leonor y Sureste),
advirtieron que si se modifican judicialmente las cláusulas del
pliego de condiciones “es muy probable que el concurso de los
centros quede desierto, porque no habrá nadie que pueda
presentarse”. Por su parte, Sanitas (que opta por el Henares)
explicó a través de un portavoz que están “a la espera y a la
expectativa” de que se resuelva el proceso; mientras que Hima San
Pablo (Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo) no ha respondido a las consultas de los medios de comunicación.