El Dr. Javier López de la Morena, intensivista del Hospital Ramón y Cajal, reflexiona sobre el deber asistencial del médico y el papel que debe desempeñar ante instrucciones administrativas que regulan la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos.
Según explica: "La
importancia que la sociedad da a la asistencia sanitaria se apoya en
uno de los pilares básicos de los derechos ciudadanos: el derecho a
la salud. Desde esta perspectiva el médico se ve obligado ética,
moral y legalmente a prestar asistencia a cualquier persona que lo
solicite y más en situaciones de urgencia (...)
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| Dr. Javier López de la Morena |
(...) Durante
estos días, a raíz del Real Decreto Ley 16/2012 (de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS) y el Real Decreto
1192/2012 (por el que se regula la condición de asegurado y de
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con
cargo a fondos públicos), el Gobierno introduce una normativa que
pretende impedir a la CCAA y a los profesionales, prestar asistencia
a los inmigrantes sin papeles y, en teoría a todos aquellos que
carezcan de cartilla asistencial, haciendo responsables de esta norma
a las personas de quien depende dicha asistencia: los médicos. El
procedimiento no puede ser más coactivo, elude su propia
responsabilidad al permitir la presencia de personas sin regulación
legal, por una parte y, por otra traslada la responsabilidad de su
cumplimiento a los médicos para no prestar una asistencia a la que
están obligados por su deontología profesional.
Difícil
e incómoda situación, que deriva en la aparición de Comunidades
Autónomas y sectores médicos que se declaran objetores ante esta
Ley.
Resulta,
en cierto modo, incongruente que se pospongan medidas más agresivas
y eficaces para disminuir el enorme gasto que generan las diversas
administraciones públicas a lo largo y ancho de nuestro país, sin
que percibamos un atisbo de reforma inmediata de la estructura
política del Estado. Sería necesario un pacto de Estado que
propusiera una reforma constitucional para terminar con la corrupción
implantada en nuestro país desde hace tantos años, en mano está de
los partidos mayoritarios. Es probable que esta propuesta, al igual
que muchas otras en la misma dirección, caiga en saco roto, pues a
pesar de la negra situación que nos pintan, solo se toman medidas
con los sectores más débiles, entre ellos el sanitario y de este,
con el sector de población más desfavorecido. No les interesa a los
partidos políticos que sus órganos de propaganda audiovisual en los
diferentes mini-estados autonómicos desaparezcan, que sus empresas
públicas deficitarias que les financian desaparezcan, ni disminuir
asesores, asistentes, chóferes y coches oficiales, nepotismos, etc.
En
medio de todo este caos nos encontramos los médicos, con estos
Decretos que amenazan nuestro deber de asistencia y pretende romper
con un binomio insustituible y sagrado como es la relación
médico/enfermo, sin discriminar raza, sexo o condición, y que se
recoge en nuestra Constitución con el derecho universal a la
asistencia médica.
Es
nuestro deber hacer un llamamiento a los políticos para que pongan
en marcha medidas ahorradoras en sus propias haciendas, antes de
eliminar un derecho constitucional de todos los sectores de nuestra
sociedad. No estamos en contra de medidas de recorte de gasto, cuando
las alarmas económicas se encienden, estamos en contra de que dichas
medidas alcancen exclusivamente a los desfavorecidos, mientras se
gastan ingentes cantidades de dinero en sectores financieros y, lo
que es más grave se regulen tímidamente los salarios de sus
dirigentes, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad ante la
sociedad.
Todos
debemos hacer sacrificios, pero no le podemos quitar al que nada
tiene, su derecho a la salud".
Javier López de la Morena