 |
| Dr. Julián Ezquerra. |
"Sólo el
tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le puede
conocer en un solo día". Sófocles
Tras estos
largos y complicados 14 meses, en los que la Sanidad Madrileña se ha
visto envuelta en un importante conflicto por la insensatez de una
Consejería que no quiere escuchar, hemos llegado al momento en el
que la Justicia debe pronunciarse sobre lo que a nuestro juicio es
una clara ilegalidad, la privatización de la gestión de 6
hospitales públicos.
Volvamos
la vista atrás en el tiempo. A finales de Octubre del 2012, la
Consejería de Sanidad anunciaba su llamado PLAN DE MEDIDAS DE
GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, provocando primero una gran estupefacción y, de
forma inmediata, el rechazo frontal de profesionales y pacientes.
Ocasionó una revuelta en la sanidad madrileña sin precedentes,
haciendo que todos los implicados en la sanidad reaccionaran ante
semejante despropósito.
Se
convocaron huelgas, manifestaciones, encierros, actos de protesta
varios, etc. sin que la Administración
sanitaria fuese sensible, sino más bien lo contrario, enrocándose
en su posición, sin entrar en dialogo con los profesionales,
haciendo gala de una prepotencia inaudita y hablando desde una
posición de fuerza poco democrática. Siguieron con sus planes y
convocaron un concurso público para adjudicar la gestión de 6
hospitales a empresas privadas del sector sanitario.
Todo el
proceso fue realizado bajo la constante de la improvisación, la
chapuza y los errores sistemáticos y posteriores correcciones que
no hacían otra cosa que aumentar las deficiencias del concurso. Se
adjudicaron los hospitales a tres empresas que, de forma “casual”,
optaban a lotes diferentes, sin competencia entre ellas, haciendo del
concurso un verdadero reparto del botín.
Varias
organizaciones, entre ellas AMYTS, presentaron recursos contra la
convocatoria del concurso, resolución sobre personal y
adjudicaciones posteriores a las empresas. Son recursos diferentes,
de argumentación jurídica similar, y que piden la suspensión
cautelar del mismo. Se realiza un gran esfuerzo para hacer frente a
los elevados gastos que conllevan las demandas, pero el fin lo
justifica. Se logra la suspensión cautelar y ahora, tras una
polémica decisión del presidente de la sala de lo contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llegamos al momento de la
verdad. El próximo 9 y 10 de Enero de 2014 el pleno de la Sala debe
pronunciarse sobre las medidas cautelares a fin de ratificarlas o
suprimirlas. De esta decisión depende el futuro de estos hospitales
y de sus profesionales. AMYTS confía en la justicia, está
convencida de la solidez de sus argumentos, y confía en que la
decisión sea mantener la suspensión cautelar. En todo caso, estamos
en un estado de derecho y respetaremos la decisión judicial.
Pero el
inicio del año 2014 no solo traerá la decisión sobre el futuro de
6 hospitales. También será el momento de poner de manifiesto cómo
la Administración, haciendo gala de su
prepotencia y posición de privilegio, pone en marcha un “nuevo
modelo” de selección de personal, basado en la aniquilación de
los conceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad a la
hora de seleccionar al personal de las administraciones públicas.
En un
intento claro de dividir a los profesionales, justo cuando se está a
punto de tomar la decisión judicial sobre la privatización, y tras
un primer aviso del Consejero posicionándose claramente contra el
actual estatus de empleados públicos de los profesionales
sanitarios, se anuncia que lo acordado en el año 2007 (que ha sido
incumplido sistemáticamente) se va a llevar ahora a efecto como acto
de caridad hacia los profesionales: cumplirán y harán contratos de
eventuales de hasta 12 meses, y nombrarán interinos. Pero lo
hacen saltándose los principios de igualdad, mérito y
capacidad, dejando que sean los gerentes, jefes de servicio,
supervisoras y directores de centro de salud, quienes decidan a
quien premian o castigan.
No han
tardado en producirse las primeras denuncias de arbitrariedad:ya
estamos viendo cómo eventuales de más de 12 y 13 años ven
rescindidos sus contratos, o como pasan a contratos al 50%, sin
motivos aparentes, o cómo algunos directores de centro de salud
amenazan a los compañeros con no renovarles si persisten en
solicitar turnos deslizantes. Se empieza a cumplir el dicho de “SI QUIERES SABER QUIEN ES FULANITO, DALE UN CARGUITO".
Las
arbitrariedades empiezan a multiplicarse, y prescindir del control de
las contrataciones por parte de organizaciones profesionales y
sindicales lleva a fenómenos propios de la purga política, el
amiguismo, etc; ya aparecen los primeros caciques, sátrapas, reyes
feudales, etc. Plegarse al poder y perder nuestra independencia
serán consecuencias inmediatas de esta decisión que unilateralmente
ha tomado la Administración y que nos
obligará a recurrir ante los tribunales de justicia.
Las
reclamaciones judiciales son ya el estado habitual de nuestra
relación con la Administración. A las
demandas contra la privatización se suman, entre otras, las de la
aplicación de jornada, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos,
las jubilaciones, el impago de trienios, la paralización de la
carrera profesional, OPES, paga extra, contratos eventuales en plaza
vacante, o la reciente sentencia favorable por el cese, no ajustado a
derecho, del Dr. Maseda como jefe de servicio en el Hospital Puerta
de Hierro.
Realmente,
vivimos en permanente estado de recurso ante las decisiones de la
Administración. Y es alarmante leer las
declaraciones del Consejero de Sanidad a una publicación sanitaria,
cuyo titular dice: “El debate lo debe liderar el profesional, los
sindicatos ya no aportan nada”. Una vez más, desde su prepotencia
y absoluta falta de respeto hacia los trabajadores y sus
representantes legítimos, se declaran los políticos como los únicos
con legitimidad para decidir, y eso a pesar del descrédito que
tienen entre los ciudadanos. Han roto las relaciones con las OOSS, la
mesa sectorial es un trámite obligado que ya solo vale de correa de
información y medio para aparentar una negociación inexistente. La
respuesta por el levantamiento de los profesionales ante la
irresponsabilidad de la Consejería al frente de la sanidad madrileña
ha sido profundizar aún más en el distanciamiento, la toma de
decisiones unilaterales y el intento de división entre nosotros,
cosa que espero y confío no se produzca, pues hemos demostrado ser
unos profesionales comprometidos con el sistema público de salud y
con los pacientes. No caigamos arrastrados por el descrédito de
unos políticos en los que ya nadie cree. Salvo ellos mismos.
Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS