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| Dr. Miguel Ángel García Pérez |
(...) para permitir negocios de dudosa trascendencia social (como ocurre con la ley contra el tabaco y la posible instalación del nuevo Spanish-Las Vegas en nuestra Comunidad) e incluso de saltarse los procedimientos legalmente establecidos (prescindiendo de la consulta previa al Consejo de Administración del SERMAS para la incorporación de los presupuestos sanitarios al proyecto de presupuestos de la Comunidad). Todo ello con naturalidad, incluso con arrogancia, permitiéndose atacar a quien decide no aceptar estos procedimientos.
Así,
a los ciudadanos y a nuestras respectivas organizaciones no nos queda
otro remedio que acudir a los tribunales para que se restablezca la
justicia. Justicia que el gobierno no debería haber puesto en duda
con su actuación en ningún momento, cosa que, desgraciadamente, sí
ha hecho con su actuación, demostrando unas muy pobres convicciones
democráticas. Porque la falta de respeto a la legalidad, la falta de
respeto a los profesionales de los servicios públicos y la falta de
respeto a los ciudadanos y a sus organizaciones no es sino muestra de
un comportamiento autoritario y de salvapatrias que no casa en
absoluto con los principios básicos de la democracia. Semejante
ineptitud ha provocado que AMYTS, entre otras voces, reclame la
dimisión de la cúpula sanitaria madrileña. Incluido un Consejero
que, hace tiempo, recordaba constantemente que el encargo que recibió
de la ex-presidenta Aguirre (y pre- no sabemos qué) en su
nombramiento fue el de “hablar continuamente con los médicos”.
¡Ja!
Estos
comportamientos, más otros que se van apuntando (como la presión
a los profesionales mediante la apertura de expedientes
desproporcionados),
muestran actitudes rayanas con los más sórdidos fundamentalismos,
en los que el contrario es denigrado, perseguido y, si se puede,
aniquilado mediante todo tipo de mecanismos. No es baladí que la
mentalidad neoliberal que domina en nuestro gobierno se haya ocupado
de denostar a cualquier tipo de oposición política, sindical y
ciudadana, viendo contubernios conspiratorios en cualquiera que pueda
respirar en otra dirección que no sea la marcada por su recio paso.
Y no sería de extrañar que se recurriera a todo tipo de métodos de
opresión de los disidentes, incluso la persecución de quienes se
atrevan a denunciar los déficits en que pueden incurrir los
servicios públicos, algo que, por cierto, ya
han intentado
gestores sanitarios de otros países, con
una fuerte respuesta profesional y social en contra.
Por
todo ello, no queda más que la protesta pública, la denuncia
judicial y la lucha por el cumplimiento de la legalidad vigente y de
los principios básicos de la democracia. Esto, por cierto, es lo que
parecen haber hecho los jueces de la Sala Contencioso-Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si
es cierto lo que se ha hecho público al respecto,
dudando de la formalidad de una decisión cuando menos cuestionable
en relación a los recursos contra el proceso privatizador de la
sanidad madrileña. Si en algo no estoy de acuerdo con la noticia
publicada es en la calificación de la actuación de los jueces de la
Sala como rebelión, porque no han hecho más que aplicar los
principios democráticos y jurídicos más elementales. En todo caso,
la rebelión vendría de quienes tratan de minusvalorar el orden
legal y democrático existente.
Hace
falta que estemos ahí,
en la calle, en los tribunales y en la tribuna pública para
denunciar todos estos excesos y para promover la recuperación y
profundización de los principios democráticos, en sintonía con lo
que reclaman los movimientos sociales actuales. Hoy contra el
gobierno que tenemos, y mañana contra el que pueda venir, sea del
partido que sea, si mantiene estos o similares comportamientos.
Porque, como ya se ha dicho desde estas páginas, ¡qué bien
gobiernan los partidos desde la oposición, y qué mal lo hacen
cuando están en el poder, sobre todo con mayorías absolutas!
Dr. Miguel Ángel García Pérez
Director Médico de la Revista Madrileña de Medicina
Coordinador de Formación de AMYTS