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| Gobierno de la CAM |
Trasciende
un posible conchabeo entre la Administración sanitaria y las
empresas adjudicatarias en su interés por avanzar en la
privatización de la sanidad de la Comunidad de Madrid.
Compartiendo alegaciones
AMYTS se pregunta, por ejemplo, porqué las empresas
Vallecas Salud S.A y Sureste Salud S.A no se defienden solas sino que
lo hacen en íntima relación con la Administración, al responder a
la demanda de AMYTS con un escrito de alegaciones en el que suscribe
el contenido de las alegaciones formuladas por el Letrado de la
Comunidad de Madrid y expresa su adhesión a las mismas. “Los
letrados de la CAM parece que asumen la defensa de las empresas.
¿estará acordado?” -se pregunta el sindicato médico
Juramente de no haber hecho trampas
Por otra parte, el diario EL
MUNDO llamaba la atención sobre el hecho de que la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid exigiese a las empresas aspirantes
a hacerse con la gestión sanitaria de los hospitales Infanta Leonor
(Vallecas); el del Sureste (Arganda del Rey); el del Henares
(Coslada); el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes); Infanta
Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez), presentar la llamada
Declaración Responsable, un escrito en el que la persona que opta al
concurso dice que la propuesta que realiza es cierta. Formalmente,
según rezan los documentos a los que ha tenido acceso el diario
EL MUNDO, afirmaban
que “no habían participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas del contrato”, un procedimiento que,
aunque contemplado por ley, es poco habitual porque se entiende que
las adjudicatarias no participan en la elaboración de las cláusulas
técnicas del concurso ya que si no estarían haciendo trampas. De
las tres empresas adjudicatarias de los hospitales, dos de ellas
-Grupo Hima San Pablo y Ribera Salud- remitieron un escrito elaborado
por un notario. Sanitas, no.
Curiosamente
-apunta EL MUNDO-, ninguno de los adjudicatarios pujaron por los
mismos lotes. Es decir, que las tres entidades no llegaron a
rivalizar. Además, también resulta sospechoso el improvisado cambio
de condiciones en los pliegos que introdujo la Consejería a pocos
días de cerrarse el plazo de entrega de las candidaturas, y que han
sido recurridos por AMYTS.