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| Nils Muižnieks. |
El
Consejo de Europa hizo público el 10 de octubre un demoledor informe de su
comisario de Derechos Humanos (DDHH), Nils Muižnieks, en el que
critica duramente la reforma sanitaria iniciada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Real Decreto 16/2012.
Tras su visita a España entre el 3 y el 7 de junio de este año,
Muižnieks ha presentado sus conclusiones en Estrasburgo.
En
el área de sanidad, el representante europeo niega la mayor
defendida los últimos dos años por la ministra del ramo, Ana Mato,
de que, tras el 16/2012, España mantiene su apuesta por una sanidad
“pública, universal y gratuita”. “Hasta 2012, España ofrecía
un sistema sanitario universal y de acceso gratuito a la asistencia”,
subraya Muižnieks. El Consejo no se mete en si la sanidad sigue
siendo pública o no, aunque tiene muy claro con su sentencia que
aquello de gratis y universal es cosa del pasado después de excluir
a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia continuada
gratuita.
La
sanidad española ha sufrido en 2012 un importante recorte
presupuestario que “ha repercutido en la disponibilidad, el acceso
y la calidad de sus servicios sanitarios”, continúa Muižnieks,
que se muestra especialmente preocupado por la atención sanitaria
que reciben los niños. “En general, los recortes masivos en
personal médico, salud pública, servicios de Atención Primaria, el
cierre de servicios de urgencias y la introducción del copago
farmacéutico tienen un impacto desproporcionado en el acceso de los
niños a la atención sanitaria”, sentencia en su informe.
Tras
reunirse con representantes de varias ONGs, el comisario subraya su
preocupación por los casos en los que los hijos de inmigrantes no
reciben asistencia porque sus padres no saben que, aunque ellos
tengan que pagar por ella, sus hijos pueden recibirla sin coste.
Además, citando también a las ONGs, pone el acento sobre varios
casos de menores a los que se les ha denegado la asistencia en
servicios de urgencias, situación que podría violar la Convención
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, advierte (art. 21).
En
general, los recortes masivos en el personal médico y en la
financiación de los centros de salud pública y de otros servicios
de atención primaria de salud, el cierre de servicios de emergencia
y la necesidad de que los pacientes paguen un porcentaje de los
medicamentos han tenido un impacto desproporcionado en el acceso
de los niños a la atención sanitaria -apunta. Estas limitaciones
han conducido a una atención sanitaria menos preventiva y han
reducido la atención de aquellos problemas de salud considerados
menos importantes, como la atención odontológica y la asistencia
psicosocial, cuya de manda aumenta en tiempos de crisis. (art. 22).
(*)
Para leer las observaciones
de las autoridades españolas, pinchar aquí.