domingo, 5 de octubre de 2014

CON FIRMA. Una OPE miope, y las derivas de la democracia, por Miguel Ángel García Pérez.

Dr. Miguel Ángel García Pérez.
Continuamos viviendo, “en vivo y en directo”, las secuelas de un examen de OPE, el reciente de Medicina de Familia, de las que ya hemos hablado previamente: decepción, frustración... Y todo ello por un examen absolutamente desafortunado y alejado de lo que podría ser un buen medio para la selección de profesionales que, en su mayoría, ya están ejerciendo su trabajo en nuestro sistema sanitario. No quiero abundar más en ello, al menos de momento.

Es difícil demostrar (basado en “pruebas” irrefutables) que la causa de todo ello sea el que, por primera vez, no ha habido representación de las organizaciones profesionales (sindicatos, sociedades científicas, etc). Pero la relación parece bastante probable. Y se da en un contexto en el que esta actitud de no contar con las entidades sociales y profesionales parece que se está convirtiendo en hábito de la Administración madrileña, que incluso se pavonea de ello. Se trata de una tendencia de cuya importancia y gravedad puede que no seamos del todo conscientes.

La primera impresión que surge ante la actitud excluyente de la Administración es la de pensar que se cree en posesión de la verdad y , por tanto, garante de ella, frente a las fuerzas del mal que se extienden por doquier. Adquiriendo así el papel de héroes y defensores de Lo Justo, van apoderándose de ámbitos de decisión y actuación que previamente eran compartidos desde el diálogo y la negociación. Y lo hacen porque, al fin y al cabo, son depositarios del voto mayoritario de los ciudadanos, con los que adquirieron un serio compromiso el día de las elecciones, y que de una vez y para los cuatro años siguientes dieron su confianza plena a semejantes paladines de la justicia. 

Quizás esto pueda ser un razonamiento interesante para una novela de aventuras como las que se estilan en estos tiempos, pero desde luego no es más que un constructo aberrante en cuanto a la descripción de la realidad. Los ciudadanos no dan un voto blindado a sus gobernantes y representantes, poniendo una confianza ciega en ellos y absteniéndose de pronunciarse en los infinitos matices de los intereses particulares que puedan resultar dañados o, al menos, condicionadas por las decisiones de sus gobernantes. Si así fuera, y, desde luego, para quien piensa de esta manera, la democracia estaría virando peligrosamente hacia una demo-dictadura, abriendo cuando menos un camino peligroso del que ya hay experiencia previa en Europa. 

Cuando votan, los ciudadanos emiten, en un momento dado y para un período de tiempo determinado, una opinión sobre el partido que mejor custodiará, a su juicio, sus intereses generales como tal ciudadano. Pero en ello no va implícito un abandono de cualquier actuación en defensa y promoción de sus intereses particulares, igual de lícitos que aquéllos. Por eso, los ciudadanos no sólo votan, sino que también se asocian, participan en actos públicos, apoyan convocatorias de todo tipo, y, hasta a veces, aquéllas que parecen caminar en sentido contrario a lo que podría haber indicado su voto previamente. No hay ni incompatibilidad ni contradicción en ello. Es una forma de evitar que los intereses particulares o de grupo perezcan víctima de los impersonales intereses generales. 

De ahí la importancia del diálogo y la negociación entre el Gobierno y las instituciones sociales y políticas: lograr el equilibrio debido entre los intereses generales y los particulares de individuos o grupos. Moderar la acción de gobierno es una obligación de la sociedad y de las instituciones, para que la democracia no acabe siendo una forma de opresión de las minorías, y para que los intereses generales de la sociedad (cuando no los particulares de algunos) no se gestionen al margen de los intereses de las personas que conforman dicha sociedad. Moderar la acción de gobierno no es obligar a los gobernantes a renunciar al compromiso adquirido en su programa electoral, sino hacer que éste aterrice en la realidad cotidiana, difícil de diseñar desde los despachos de la Administración.

Contar con las organizaciones es, pues, un signo de auténtica convicción democrática, que falta con demasiada frecuencia en nuestro entorno político. Es necesario reabrir los espacios de diálogo y negociación, de moderación de la acción de gobierno, para que ésta no se aleje de la cruda realidad, para que se adecúe a la misma y no genere fiascos como, por ejemplo, el del reciente examen de la OPE de medicina de familia. Y, en este caso concreto, los profesionales no deberíamos consentir que se pueda actuar en el entorno sanitario sin contar con la participación de las organizaciones, sobre todo si se trata de la selección de profesionales. Ser médico no es una mera función administrativa, y al Gobierno le hace falta ampliar la mirada en este campo para no generar nuevas OPEs miopes.

Volviendo a lo global: confiar en la sociedad y en sus instituciones debería ser una obligación de todo gobernante. Y un criterio de selección claro y excluyente para ejercer tan importante responsabilidad. 

Miguel Ángel García Pérez,
director médico de la RMM