En este año
2013 hemos vivido, entre otros muchos acontecimientos del mundo
sanitario, la jubilación forzosa de un número importante de
profesionales médicos madrileños. La aplicación del Plan de
Ordenación ad-hoc de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad
no sólo mareó a los profesionales afectados por la edad de
jubilación “obligatoria” (65 años) del Estatuto Marco que
deseaban prorrogar su actividad con la confección de una memoria,
sino que permitió la aplicación estricta de dicho Estatuto en la
mayoría de los casos.
Más
de 400 profesionales se vieron expulsados del sistema mediante
la no concesión de la prórroga solicitada. Además, la dimensión
humana no fue cuidada en absoluto, pues la mayoría se enteraron
mediante respuesta meramente administrativa que les colocaba en
situación de jubilación inmediata. Ni una palabra de reconocimiento
o agradecimiento acompañó a dicha respuesta.
Si bien se
aduce, desde la administración sanitaria, que dicha decisión fue
tomada con el máximo respecto a la legalidad vigente, la decisión
está sometida a revisión judicial, y fue tomada más desde una
lógica puramente económica que de gestión de recursos humanos.
Decisiones similares fueron suspendidas por diferentes motivos en
Cataluña y Andalucía, y más recientemente en Castilla
La Mancha,Comunidad
Valenciana... Ya veremos qué pasa con la madrileña.
Pero lo que
sorprende más es que este tipo de decisiones puedan tomarse mientras
se promueve el retraso de la edad de jubilación general, y mientras
existe una modalidad de jubilación flexible que no es de aplicación
al personal estatutario. ¿Alguien entiende la razón?
Hay quien
piensa que la principal razón para que los médicos quieran
prolongar su actividad más allá de los 65 años es la pérdida de
ingresos que para ellos supone la jubilación. Ciertamente,
la pérdida es considerable,
y puede rondar el 40% de los emolumentos anuales, algo a
todas luces inadecuado. Pero limitar las razones a la meramente
económica probablemente no hace justicia a otras razones, de índole
más humano y profesional, que subyacen en ese deseo de prolongar la
actividad profesional.
Por un lado,
es bastante cuestionable que exista una edad a partir de la cual se
produzca una incapacidad para el ejercicio de una profesión, como
vienen defendiendo las organizaciones de personas mayores. Eso
no implica que no deba existir una edad para poder disfrutar de la
jubilación, pero sí que pueda aplicarse con flexibilidad, de forma
que cada persona pueda decidir, desde su propia situación, si
continuar o no, dentro de un margen prudencial y de un procedimiento
que pueda permitir, por ejemplo, el abandono progresivo de la
actividad, permitiendo la incorporación progresiva de un nuevo
profesional.
Y, de hecho,
ésta parece ser la práctica habitual de otros países, tal y como
refleja el reciente
documento de trabajo de la OCDE en torno a la planificación de
recursos humanos santiarios, que recomienda expresamente que
se tomen en consideración los hábitos de jubilación de los
médicos, mucho más complejos que en el resto de profesiones
sanitarias, debido a que tienden a prolongar su actividad.
Probablemente, hay algo en el ejercicio de la Medicina que facilita
esa tendencia a la ampliación del período activo. Y, además, dicha
ampliación puede ser muy útil a la hora de planificar los recursos
humanos sanitarios: según refiere el documento citado, experiencias
en varios países muestran que la prolongación de la vida activa de
los profesionales es la medida con mayor impacto a la hora de
prevenir futuros déficits. Esto es importante en un momento en que
el número de profesionales próximos a la jubilación es muy
importante, encontrándose casi la mitad de ellos a menos de 15 años
de su edad de jubilación actualmente “obligatoria”.
Pero ¡claro!,
hemos dado con el núcleo de la cuestión: el tema de la
planificación de recursos humanos, tan poco consolidado en España.
Seguimos planificando a impulsos o, lo que es peor, a intereses. De
otra forma, es difícil comprender cómo no se asume claramente el
cambio de tendencia que supone la crisis económica, que ha
repercutido en las expectativas de crecimiento tanto demográfico
como de gasto sanitario. Todo ello va a influir, a la baja, en
nuestra necesidad de profesionales, y, sin embargo, seguimos
manteniendo un numerus clausus próximo a las 7.000 nuevas plazas
anuales (que se estimaban necesarias antes del impacto de la crisis)
y pensando en la apertura de aún más nuevas facultades de Medicina,
mientras que ya se ha comenzado a reducir el número de plazas de
formación especializada y las expectativas de vacantes en nuestro
sistema sanitario. Debería rectificarse con rapidez, porque, de lo
contrario, estaremos formando profesionales que no necesitaremos en
el futuro.
Y volviendo
al tema por el que comenzamos, esto tendrá también repercusiones en
la política de jubilación. La presión que ejercerán los nuevos
profesionales en paro y con dificultades para acceder al mercado de
trabajo hará que siga pensándose, como alternativa fácil, en
mantener la rigidez en la edad de jubilación para generar, a modo de
migajas, algunas vacantes. ¿No habrá ninguna forma de conciliar los
derechos de los jóvenes profesionales y de aquéllos que, hoy
jóvenes, se encuentren más tarde en edad de jubilación?
Sí, la hay,
y ya va siendo hora de tomársela en serio: planificar adecuadamente
en relación a los recursos humanos. Lo tenemos claro las
organizaciones profesionales, pero también los organismos
internacionales que entienden del tema. Es una lástima que nos los
tomemos tan poco en serio; de hecho, no hay datos españoles en el
documento de trabajo de la OCDE que hemos citado. Es una verdadera
lástima. ¿Por qué no nos ponemos ya, de una vez, a tomarnos en
serio la planificación sanitaria?
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina
y
director médico de la Revista Madrileña de Medicina