Razón más que suficiente para que a pesar de haber sido aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid en sus sesiones del 20 y 27 de diciembre de 2012, AMYTS mantenga su oposición y prevea utilizar todas las herramientas legales, incluida la vía judicial, para impedir que la aplicación de las medidas del Plan perjudiquen seriamente a los usuarios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid y a los profesionales que en él trabajan.
Ver los 20 documentos:
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Documento distribuido por AMYTS obtenido en dicha reunión de la Mesa Sectorial cuya celebración fue simultánea a la presentación del Plan de Sostenibilidad por parte del presidente regional Ignacio González en la Asamblea de Madrid.
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Como curiosidad, después suficientemente rebatida, en la página 4 es donde afirrma, sin estudios que lo sustenten, que el coste de los hospitales de gestión mixta es de 600 euros anuales por habitante y año, mientras que en los de gestión exclusivamente privada es de 414 euros por habitante y año.
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La presentación de este escrito se llevó a cabo en el registro del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de manera colectiva por parte de los delegados de AMYTS en las distintas Juntas de Personal y Comités de Empresa
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Entre otras cuestiones señalan que de persistir la Consejería de Sanidad en sus planteamientos, exigirán la reacreditación docente de las unidades afectadas , tanto en los servicios que pierdan efectivos, como en aquellos que incorporen nuevos.
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Reunidas las Mesas de Atención Especializada y Hospitales y de Atención Primaria y la vocalía de Médicos en Formación, la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) manifiesta su oposición rotunda a las medidas incluidas en el Plan de garantías para la sostenibilidad del sistema sanitario público, presentadas por el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty.
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El documento de las seis organizaciones médica de ámbito nacional indica que la Comunidad de Madrid ha presentado un plan de carece de reflexión, y justificación técnica, profesional, científica o ciudadana que lo sustente.
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Este órgano, formado por tres sociedades científicas de Pediatría de la Comunidad de Madrid (SEP-AP, SPM-CM y AMP-AP) y AMYTS, denunciaron que las medidas suponen un cambio radical en el modelo de asistencia sanitaria vigente y sustituyen la gestión pública por un modelo de gestión privada.
El 14 de noviembre de 2012 las organizaciones médicas de la Comunidad de Madrid emiten un comunicado conjunto en las que muestran su rechazo al Plan de la Consejería, a la vez que muestran su disposición al diálogo para buscar soluciones una vez retiradas las medidas de privatización propuestas.
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AFEM apoya la convocatoria de las 6 organizaciones de la Mesa Sectorial de Sanidad. AMYTS y SIME apoyan y animan a los facultativos a secundar la convocatoria de AFEM.
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Tipo de la misiva que comienzan a firmar los jefes de servicio de los hospitales del SERMAS a partir del 20 de noviembre de 2012.
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Los jefes de servicio señalan que hay razones para pensar que el plan de la Comunidad de Madrid puede conducir a una falta de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias de los pacientes.
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La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid subraya que es necesario tener en cuenta las aportaciones de los profesionales para contribuir a la mejora de la calidad y la eficiencia del sistema sanitario público. Por ello, concluye, "tenemos la obligación de apoyar las acciones de nuestros colegiados".
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Indican que el plan ha nacido sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios y a los pacientes y emplazan al gobierno regional de Madrid a retirarlo.
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Requisitos mínimos según los firmantes parea un modelo de autonomía de gestión en Atención Primaria, en las antípodas de la propuesta frívola de la Comunidad de Madrid para privatizar la gestión de 27 centros de salud.
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Destacan que es necesario mejorar la gestión, pero con la colaboración de los profesionales y la participación de los ciudadanos.
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En entre otras cuestiones señala: "no descartamos continuar con cuantas medidas sean necesarias, incluyendo por supuesto la huelga, hasta donde sea necesario con el fin de lograr nuestro objetivo, que no es otro que la retirada de este plan y la negociación con los profesionales de un plan de reformas que haga que este sistema del que nos hemos dotado y del que nos sentimos orgullosos continúe siendo el más eficiente y el más envidiado por los países de nuestro entorno".
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El 13 de diciembre de 2012 el Foro critica la intención de los poderes políticos de vincular los problemas económicos a la necesidad ineludible de privatizar el sistema de salud.
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El documento responde al compromiso adquirido por las organizaciones sindicales (OOSS) el 13 de diciembre, en reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad. La Consejería de Sanidad tardó más de mes y medio en solicitar la opinión de los profesionales y demandar alternativas a su plan y cuando lo hizo no facilitó ninguna herramienta contable ni presupuestaria. A pesar de ello, las OOSS presentaron esta alternativa. La Consjería de Sanidad negó una moratoria a la aprobación de su plan que permitiera debatir en profundidad y con rigor esta propuesta. Queda claro que la Administración no tenía ninguna voluntad real de diálogo y que por ello hizo la solicitad tan tarde, con el único objetivo de justificarse y decir que había intentado llegar a un acuerdo, algo que a la luz de los hechos resulta falso.
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Tras examinar la propuesta de ahorro de las OOSS presentada el día anterior el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, dijo estar "decepcionado" por la misma ya que sólo proponía un ahorro de 510,8 millones de euros y el objetivo de la Consejeria es ahorrar 533 millones de euros. No obstante, tras descalificar la propuesta de las OOSS, a preguntas de los periodistas, no su supo contestar cuanto ahorro suponía la privatización de la gestión de los hospitales.
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La cifra ofrecida por el consejero de Presidencia no queda sustentada por ningún informe ni estudio.
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Por el contrario, utilizando esos datos se puede comprobar que se regalarían 83,5 millones de euros a las empresas adjudicatarias de los hospitales en un año.